A casi 2 años, siguen «paralizadas» las causas por corrupción contra Iglesias y García

Por Mariela Loncharich

Ya pasó más de un año y medio desde que recayó una fuerte denuncia en la Fiscalía de Instrucción N° 7  y generó un escándalo en Guaymallén por el  enriquecimiento ilícito de dos intendentes oficialistas mendocinos con pruebas contundentes. Sin embargo, hasta la fecha, las causas siguen prácticamente «paralizadas».

Es que el expediente N° P-92.686/18  al que tuvo acceso Somos, se encuentra con un grado de avance prácticamente nulo, en la misma situación en la que se encontraba el año pasado, cuando nuestro medio consultó con la fiscal Chaves y señaló que estaban «esperando» la información solicitada a diversos organismos para contrastar los datos sobre bienes y propiedades.

En febrero de 2019, una denunciante solicitó constituirse como querellante particular en la causa que investiga la Justicia a los dos dirigentes de Guaymallén, Marcelino Iglesias y Juan Manuel García, la cual tiene implicados a varios integrantes de sus familias.

En la causa por enriquecimiento, además de los dos intendentes, resultan investigados Ana María Andía (ex esposa de Iglesias y actual diputada provincial), Mauricio Iglesias (Hijo), Verónica Cancela (Nuera) e Irma Inés Mango (esposa de García).

La mujer realizó las denuncias por ser “víctima directa”  de los funcionarios públicos denunciados por “cometer delitos en el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, a casi dos años de iniciada la investigación, y tal como sucede cuando se trata cuando toca de cerca al Gobierno de turno, el escándalo por corrupción en Guaymallén sigue silenciado.

 

En esta causa, también se encuentran directamente involucradas dos de las principales empresas contratistas del municipio por maniobras millonarias en presuntas “licitaciones dirigidas”, Domingo F. Linares y la empresa a cargo de Freeway S. A. Es que el departamento de Guaymallén viene siendo castigado hace años producto de sobreprecios, clientelismo, enriquecimiento pero también con polémicas licitaciones, nepotismo, y muchas otras prácticas, las mismas que han afectado en mayor o menor medida los fondos del municipio en cada gestión.

Se espera que surjan algunos otros funcionarios municipales involucrados. “Si hay irregularidades en la obra pública van a implicar al secretario del área correspondiente. Por ejemplo, en las contrataciones de Freeway o Linares  debería responder el secretario de Obras Públicas y todos los funcionarios que hayan intervenido en los procesos de licitación”, expresaron fuentes a Diario Somos.

Hace unas semanas, se conoció que Gabriela Chaves quedó al margen y es el fiscal Flavio Damore quien continuará con las investigaciones. En diálogo con Diario Somos, Damore confirmó que si bien necesita estudiar más los detalles, hay organismos públicos que todavía no envían la información solicitada sobre los funcionarios investigados y tampoco se los ha emplazado a que lo hagan. Mientras tanto, los expedientes siguen esperando en la Fiscalía Nº 7.


Si bien a fines del 2019 nuestro medio constató llamativamente la misma situación en la que se encontraban las causas, ahora el nuevo fiscal señala a que «están frenadas por la pandemia». Además, adujo que «es un delito difícil de investigar».

«En realidad, ingresé a la fiscalía hace un mes y medio, si bien las tengo a las causas, actualmente estoy revisando todas. Por esas causas en particular, se ha se han pedido unos informes respecto a determinados bienes y propiedad de bienes de los funcionarios. Todavía están faltando algunos informes que deben enviar de Personas Jurídicas o Registro de la Propiedad. En Personas Jurídicas nos dijeron que tienen una sola persona trabajando», declaró Damore.

«El la Fiscalía está trabajando con lo mínimo», argumentó debido a la situación de pandemia.

En cuanto al estado actual de los expedientes, el fiscal explicó a nuestro medio: «Se incorporaron algunos informes de propiedad de inmuebles , de integración de sociedades anónimas, de sociedades, se verificó respecto a la situación tributaria y otras cuestiones».

Sin embargo, explica que no hay un plazo para que los entes que deberían facilitar el envío de información concreta sobre el patrimonio de los dos intendentes de Guaymallén, lo hagan. De esta manera, si desde la Fiscalía no se los emplaza, los expedientes continuarán archivados. «No hay términos cuando uno solicita el informe. Lo que se hace es reiterar el pedido de informe o los emplaza. Cuando he hecho eso me han llamado y me han dicho que tienen una sola persona trabajando por la pandemia», explicó Damore.

Respecto a los pasos a seguir cuando se termine de recabar toda la información que falta, el fiscal señala que se convocará a la sección de contadores del Cuerpo Médico Forense. «Se tiene que verificar si los ingresos que tuvo esa persona, en este caso Iglesias, en el periodo de tiempo, condicen con los bienes que tienen. A partir de allí se inicia un procedimiento y se convoca a los involucrados».

Cuando nuestro medio le consultó al fiscal si la la política de alguna manera ha influido en el freno de las causas, Damore lo negó: «No hay connivencia política». «No es cuestión. Uno va descubriendo y va desentrañando la información. Lo más probable es que los bienes no estén a nombre de esa persona, se usan testaferros , familiares. Hay que averiguar no solo en esa persona denunciada. La doctora chaves investigó los vínculos familiares y  no es algo que se investiga en un mes. En Argentina,  en lo que lleva de historia, hay una sola sentencia por enriquecimiento ilícito y fue el la de María Alsogaray. Es un delito difícil de investigar».

Según el fiscal, insiste en que este tipo de investigaciones por enriquecimiento ilícito «traen muchos problemas de inconstitucionalidades». «Tiene muchos ribetes técnicos. Son causas bastante largas, técnicas y discutibles», argumentó.


Las denuncias por malversación de fondos y enriquecimiento

En la documentación que se adjuntó para efectuar las denuncias, se da cuenta de toda una serie de pruebas que muestran supuestas irregularidades durante la gestión actual en Guaymallén de Marcelino Iglesias.  “Tal pedido se formula dado que la documentación que ha sido desglosada se advierte que la misma constituye ´notitia criminis´ respecto a una serie de hechos a partir de los cuales se debería iniciar los correspondientes expedientes tendientes a investigar penalmente a los mismos”, reza el expediente.

En detalle, la solicitud presentada detalla documentación sobre diversas denuncias que dejan en evidencia “ilícitos” en los que estarían involucrados los funcionarios radicales. Entre ellos, menciona:  “La gestión de una obra pública en el carril Godoy Cruz”, “irregularidades en  relación a la contratación de ART de los empleados municipales”, “uso ilegal de recursos públicos”, “sobreprecios en una obra por más de dos millones de pesos”, “contrataciones irregulares de las empresas Freeway (Dapasano) y Linares”, “contratación de la empresa Santa Elena”, “denuncia del FIT por licitaciones dirigidas en la comuna” y la “irregular contratación directa de la empresa Brizuela Villafañe para obras en la calle Azcuénaga”.

El vínculo millonario entre Iglesias y empresas de la gestión ...

El año pasado hubo cuestionamientos contra el tratamiento que le dio la fiscal «cornejista» Chaves a la investigación. Es que había mucha documentación sobre la comisión de delitos de los funcionarios oficialistas denunciados que decidió resguardarla llamativamente, en cajas de seguridad. «Eso no es anómalo, lo que sí es anómalo es que siendo documentación que hace mención a la posible comisión de otros delitos se entiende que por una cuestión práctica esto puede generar algún retraso en la investigación», expresaron fuentes nuestro medio.  En ese sentido, lo que debía hacer Chaves era desglosar los expedientes para ver si hay otros delitos, «pero se tienen generar nuevos expedientes porque si lo guardas en cajas de seguridad no vas a investigar nada”.

“La omisión de esto ha demostrado poco interés de investigar esos hechos”, sentenciaron los denunciantes.

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