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Minería y fracking: la doble vara de Cornejo

Por Mariela Loncharich

Cuando Alfredo Cornejo era precandidato a gobernador, sus convicciones y propuestas sobre la minería y la producción petrolera se distanciaron de cierta manera de lo que busca establecer hoy en la provincia. Frente a la fuerte polémica desatada por el fracking, el mandatario no duda en arremeter a contramano de cualquier opinión contraria de esta técnica, la cual argumenta que se “aplica hace 60 años en la provincia”. Lo cierto es que hay normativas municipales y provinciales que prohíben o limitan el uso de ciertos químicos y de esta metodología de extracción, y a eso no hay vuelta que darle fuera del ámbito judicial. Allí recae la razón del decreto «regulatorio» de Cornejo.

En el pasado, en la época que buscaba su elección a gobernador de la provincia, Cornejo como intendente de Godoy Cruz, oficializaba por ejemplo, su pleno rechazo a un proyecto minero como el de San Jorge, cuya viabilidad se discutía en la Legislatura.En ese momento, en pleno gobierno de Celso Jaque, Cornejo acusó a Jaque de tomar decisiones “promineras” y una de ellas era el avance del proyecto San Jorge.

Respecto a sus declaraciones en esa época, Cornejo sostuvo que la “megaminera no era viable en Mendoza por el rechazo social que genera» y “hay falta de controles en la provincia para desarrollar esta actividad de la economía adecuadamente”. Pero además,  fue contra San Jorge en particular, al sostener que en ese tiempo su equipo tenía sólidos cuestionamientos técnicos sobre el emprendimiento de extracción de cobre y oro en Uspallata.

Incluso, uno de los hombres de Cornejo por esos años y que fue parte de su gestión actual, Enrique Vaquié, en 2007 como senador provincial, fue uno de los autores de la ley 7722, conocida como “Ley Difonso”, la norma que puso férreos límites al desarrollo de la minería metalífera en Mendoza.

Cornejo, de la mano de Vaquié, buscaba así convertirse en un referente antiminero y defensor de cualquier practica que pueda provocar contaminación del agua en medio de la campaña electoral. Otro dato en ese sentido es que hasta la propia familia del actual mandatario provincial habría tenido participación en una de las marchas multitudinarias que se hicieron contra la contaminación del agua.

Precisamente, cuando Cornejo estaba en campaña para gobernador, su esposa, Lucía Pannocchia, se mostraba con la siguiente remera en plena Vendimia.

La esposa de Alfredo Cornejo, Lucía Pannocchia

Por esos días, Cornejo había dejado a la vista sus contrapuntos sobre el desarrollo de la actividad minera. “En Mendoza no hay viabilidad social para desarrollar proyectos de megaminería, porque el Estado ha perdido su credibilidad como controlante. ¿Quién va a controlar a las mineras? No es cierto que la gente esté en contra de la minería. Los ciudadanos están en contra de la minería sin control”, había expresado en una entrevista efectuada previamente a las elecciones a gobernador.

Incluso, el actual impulsor de la minería y el fracking, había admitido sobre los supuestos intereses empresarios detrás de cada uno de estos proyectos de explotación: “Sé que hay muchos empresarios que piensan que hay que tener minería a como de lugar, pero creo que así perdemos un activo, que es el agua”. Además, agregó: La prioridad por el agua es más fuerte que la minería en Mendoza. La minería de gran escala no tiene ninguna viabilidad social porque no hay apoyo”.

En este sentido, justamente se puede entender que por estos días surgieron diferentes agrupaciones empresarias como la Federación Económica de Mendoza, Asinmet y otras, en defensa de la implementación del fracking que establece Cornejo.  “Esta posibilidad iría acompañada de la infraestructura caminera y energética adecuada para canalizar los recursos finitos con que cuenta Mendoza y que hay que aprovechar al máximo. También hay que tener en cuenta que la matriz productiva de la provincia necesita de un impulso importante para mantener y aumentar la actividad económica y productiva”, declaran desde el sector.

Además, en plena campaña y cuando les consultaban sobre sus futuras políticas en el marco de la minería y el petróleo, la fórmula Cornejo-Montero planteaba: “El Estado debe retomar el ejercicio de la política ambiental y aplicar el poder de control que tiene sobre las actividades mineras, del mismo modo que generar información económica, geológica y ambiental confiable”.  “Hay que estudiar cada caso teniendo en cuenta el recurso principal de la matriz productiva, que es el agua, para nosotros la primera restricción”, prometía Cornejo.

Si bien hay diferentes normativas que prohíben el fracking en la provincia, paradójicamente, en su época, el actual gobernador aseguraba:

“Existen leyes que reglamentan esta actividad que deben ser cumplidas. Los proyectos deben ajustarse a la normativa y a la sustentabilidad ambiental, los nuevos proyectos deben ser analizados en cada caso particular, tanto los proyectos de exploración como de explotación”.

Al respecto de lo que sucede por estos días, las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura realizaron esta semana un encuentro en el Sur provincial, donde rechazaron el decreto del gobernador Cornejo que reglamenta el fracking en Mendoza y denunciaron el intento de implementación de esta técnica en General Alvear, donde hay una legislación vigente que lo impide.

En este sentido, el mismo intendente de General Alvear que no se opondría al fracking, fue el mismo que participaba años atrás de movilizaciones ambientalistas contra este tipo de contaminación. 

En el medio de la movilización y tomando la bandera, el actual intendente de General Alvear, Walther Marcolini.

El intendente de Alvear , tras las protestas en contra del fracking, dijo que hay grupos de la oposición que fomentan el miedo. Por estos días, el jefe comunal dejó en claro en entrevistas que no tiene una postura tomada frente al desarrollo de ese método de extracción. «Ya está instalado que el fracking ha contaminado o va a contaminar», señaló.

En el caso del departamento del Sur provincial, denunciaron que, pese a la ordenanza vigente, la Municipalidad de General Alvear está proponiendo agregar al Decreto 248/18 una “zona de exclusión para delimitar el área de explotación de hidrocarburo no convencional por fracking”. De prosperar este intento, implicaría avalar la fractura hidráulica como método extractivo, contradiciendo la Ordenanza Municipal nº 3934/13 que lo prohíbe.

Por otro lado, en este marco, Aníbal Ríos, ex diputado provincial (Partido Demócrata), aclaró que el fracking fue prohibido en toda la cuenca del río Atuel mediante la Ley 6045, sancionada y promulgada a fines de 2012. La disposición indica que la reserva hídrica y el ecosistema a su alrededor tienen “prioridad” sobre cualquier intervención económica.  Esto pone sobre la mesa que hay una defensa legal, de cumplimiento obligatorio. En caso de que el fracking pudiera afectar de manera directa o indirecta la cuenca del Atuel, habría un conflicto entre la ley de 2012 y el decreto del Gobernador de 2018. En caso de un conflicto normativo prima la ley.

El doble estándar de Cornejo: minería y petróleo

Si hay algo que a nadie le quedan dudas es que en Mendoza hay un doble estándar en Cornejo para muchas situaciones. No todo se mide con la misma vara.

Mientras a la minería (una actividad tan lícita como la petrolera y que puede actuar dentro de los límites de la Ley 7.722), se le pone freno, en el Ejecutivo provincial «entre las sombras» avanzan con la explotación petrolera a través de fractura hidráulica, también conocida como Fracking, la cual es cuestionada por los grupos ambientalistas.

Es que Mendoza y las arcas del Estado dependen del crudo y ya no alcanza con lo que se produce de petróleo convencional. La cuestión es que el no convencional no es posible, por ahora, sacarlo de otra forma que no sea con la fractura hidráulica. En palabras simples el fracking es romper la roca para que circule el crudo o el gas. Para eso se inyecta agua con arena y químicos.

Lo cierto es que no solo hay potestades municipales con ordenanzas que lo prohíben en los departamentos del Sur provincial, sino que el fracking fue prohibido en toda la cuenca del río Atuel mediante la Ley 6045 mencionada.

En esa época el bloque de diputados del PD junto con entidades intermedias de General Alvear y regantes de toda la cuenca del Atuel presentaron un proyecto de protección y designación de la reserva hídrica. “Defendimos la laguna del Atuel y el sistema de lagunas menores, toda la cuenca quedó bajo una categoría legal como reserva hídrica”, señalaron.Esta ley de áreas protegidas es restrictiva en cuanto a actividades extractivas.

“La ley delimita conforme a un pliego que redactó Irrigación y la Dirección Provincial de Catastro, primero delimita la cuenca y sobre todo la laguna del Atuel, que es la naciente, y una vertiente natural en la zona de El Sosneado, aquello es el cauce superior, el Cañón del Atuel es el cauce medio y Alvear, el cauce inferior; todo esto se debatió con ayuda de las entidades intermedias. Esto pone sobre la mesa que hay una defensa legal, de cumplimiento obligatorio”, señaló Aníbal Ríos, ex diputado provincial del Partido Demócrata.

Por otro lado, en Mendoza la Ley 7.722 prohíbe el uso de ciertas sustancias químicas en la minería y en la explotación petrolera y a eso no hay vuelta que darle fuera del ámbito judicial, pero aún así hay emprendimientos y proyectos que se pueden realizar en el marco de la ley vigente. Sin embargo, en el Gobierno siguen teniendo una visión «pequeña» y «desinformada» sobre la actividad que se frena o se cajonea.

El Gobernador «amigo» que favoreció al grupo Macri en una explotación minera

Mediante el decreto 304/2018, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, el gobernador de Mendoza permitió que la empresa Geometales retome la explotación de cobre en el sur provincial.

La empresa, perteneciente al grupo Macri, podrá retomar sus actividades en el yacimiento «Francesca», luego de la suspensión de la concesión por parte del Consejo de Minería en 2014. La explotación había sido suspendida por parte de la provincia, ante incumplimientos de la empresa, quien no habría informado el descubrimiento del nuevo yacimiento.

Tras la apelación de la empresa, Cornejo decretó la rehabilitación de la concesión. Con este decreto, el gobierno restituye la explotación a la empresa del grupo Macri, reconociendo la apelación de la empresa contra el propio Consejo de Minería de la provincia. “Acéptese formal y sustancialmente, el Recurso de Apelación, interpuesto por el Contador Julio C. Pulisich, en representación de Minera Gemometales S.A., en contra de la Resolución Nº 454 del año, 2014, emitida por el Honorable Consejo de Minería», termina el texto del decreto.

La firma Geometales, cuyo titular es Franco Macri, se dedica desde 1997 a la negociación de propiedades mineras con otras empresas. Además de la mina de Malargüe, que lleva el nombre de la nieta de Franco, Francesca, la firma tiene otros yacimientos en San Juan, Mendoza, y el llamado “anillo de El Teniente” en Chile, una de las minas de cobre más grande del mundo.

Este «regalo» de Cornejo al grupo Macri, se da en el marco de la avanzada del gobierno provincial para implementar el uso del fracking en el sur de Mendoza y del fuerte lobby minero para reactivar proyectos como el de Vale en San Rafael.

Piden la evaluación de impacto ambiental para otros 5 pozos 

Después del anuncio de ayer, por el que se ponía en marcha la evaluación de impacto ambiental para cinco pozos en Malargüe, este viernes se  publicó en el boletín oficial de la provincia la resolución para avanzar en los estudios de cinco más.

 Según la resolución número 190 de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, se da aviso del proyecto de perforación y estimulación hidráulica de pozos no convencionales del Cerro Medio y el Puesto Rojas en el departamento del sur, por parte de la empresa El Trébol S.A. y se da inicio al estudio ambiental.

La Universidad Nacional de Cuyo estará a cargo del relevamiento de cambio, junto con personal de la Dirección de Ambiente, y deberán presentar el dictamen técnico dentro de los próximos diez días  hábiles. El estudio tendrá un valor de $66.300.

Seis petroleras interesadas en avanzar sobre Vaca Muerta

Cumplida la instancia que contempla la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) se allanó el camino para que el gobernador Cornejo firme el decreto reglamentario, luego de la prueba piloto autorizada a El Trébol, una de las seis petroleras concesionarias de la provincia con intereses en avanzar en el mega bloque de Vaca Muerta.

En agosto, con aval de la Secretaría de Ambiente, Irrigación y el propio municipio de Malargüe , se había realizado una experiencia de estimulación hidráulica en cuatro pozos petroleros ubicados en el yacimiento Puesto Rojas de ese departamento mendocino.

La reacción de los ambientalistas, con una acción de amparo y acción de inconstitucionalidad incluidos para frenarla, forzó el compromiso de convocar a audiencia pública para definir un marco regulatorio, la forma de legitimar el decreto que emitió el Ejecutivo. Técnicamente, es el tercer decreto que regula a la actividad hidrocarburífera de Mendoza, en este caso no convencional. Complementa al 437/93 y al 170/08, reglamentario de la ley 5961 de Ambiente.

Pero la pelea a nivel de la Justicia, que comenzó en agosto, aún no termina: según fuentes vinculadas a las ONG ambientalistas que la iniciaron, aún con un fallo inicial a favor del Gobierno, falta que la Corte Suprema se expida con lo cual, de revocarse, el decreto quedaría sin efecto.

Los interesados

Después de la prueba piloto de El Trébol en el yacimiento Puesto Rojas, las petroleras con concesiones para exploración o explotación no convencional en Mendoza esperan el aval para avanzar en el  mega bloque Vaca Muerta correspondiente a la Cuenca Neuquina-Sur Mendocina, una extensión que llega aproximadamente al río Atuel.

Son al menos seis las compañías en esa condición. Y existen en total más de 20 áreas concesionadas o por concesionar: entre otras, El Corcovo, Puesto Rojas, Cañadón Amarillo, Valle Grande, Cerro Mollar, Doña Juana y Lomas del Cortaderal, parte de una superficie donde, de acuerdo a estimaciones previas, podrían llegar a invertirse unos U$S 1.000 millones en total.

En 2013, la UCR arremetió contra el acuerdo YPF – Chevron en Vaca Muerta

El acuerdo comercial que la Nación había realizado en esa época con la petrolera multinacional Chevron (YPF mediante) para explotar Vaca Muerta, en el sur de Mendoza, fue motivo de durísimas críticas del radicalismo local, desde donde denunciaban que se estaba «entregando la autonomía de la provincia».

Esto quedó registrado en una conferencia de prensa que brindaron referentes del partido por esos días, en las que participó incluso el actual senador nacional Julio Cobos, el presidente del partido Alfredo Cornejo, el ex funcionario cornejista Enrique Vaquié. En ese momento, la UCR cargó contra el acuerdo, contra el gobernador Francisco «Paco» Pérez y contra el kirchnerismo nacional.

“El principio fundamental de nuestra objeción es que estamos entregando los intereses nacionales, algo que no tiene nada que ver con lo que está establecido en la Constitución Nacional, que es el federalismo. Queremos que el Gobierno cuide nuestros recursos y que antes de realizar un acuerdo garantice las regalías para Mendoza”, opinaba el ex vicepresidente, Julio Cobos.

 

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