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Casi 2 millones de hectáreas del Estado en manos privadas

Por Mariela Loncharich

La desigualdad en el reparto de la tierra es alarmante a nivel mundial y nacional, un claro ejemplo de esto es lo que sucede desde hace años en el Sur  de Mendoza, tierra de nadie, o mejor dicho, de unos pocos.

De acuerdo a los datos a los que accedió Diario Somos sobre los propietarios que se hicieron de grandes extensiones de tierras en el sur de Mendoza, las cifras son llamativas. Se trata de un proceso histórico en algunos casos, en otros, llega a ser insólito. Uno de estos últimos, es una concesionaria de autos de Buenos Aires, llamada Perú Automotores, la cual en algún momento tuvo la propiedad de casi 300 mil hectáreas en Malargüe.

Es que entre los sectores del país donde residen los “dueños de la Argentina”, además de la Patagonia, figura San Rafael y Malargüe, una atractiva combinación de paisajes envidiables y polos de explotación minera, petrolera como turística. Es uno de los sectores productivos más importantes de la provincia y potenciales en materia de belleza, que tiene incluso hasta reservas naturales que por estos días están prácticamente usurpadas al Estado.

En este sentido, podemos destacar que entre unos 7 terratenientes del Sur provincial, empresarios y políticos como sociedades, concentran más de 1,5 millón de hectáreas en su poder, principalmente del departamento de Malargüe. No todos los latifundios del sur son establecimientos agropecuarios, pues los hay turísticos, inmobiliarios, mineros o para ocio de sus propietarios.

Con respecto a si es malo o no teniendo en cuenta la inversión y explotación de la tierra que argumentan algunos, la pregunta correcta apunta principalmente a la forma en que se obtuvo. Es decir, podemos hablar de numerosos casos en que las transacciones de venta de tierra a particulares, empresas nacionales o extranjeras se efectuaron con irregularidades o a precios irrisorios, y con la complicidad de funcionarios de gobiernos de turno, de allí se podría entender en algunos casos el número de hectáreas.

Hoy, se puede decir que la lucha mayor que llevan adelante las comunidades indígenas en el Sur provincial frente a la expropiación y concentración de la propiedad de la tierra mendocina, es la única que hay.  Esto en el marco de la legislación de las comunidades originarias respaldadas por la Constitución.Es prácticamente una lucha que el Gobierno provincial nunca asumió en concreto o miró de costado y desde hace tiempo, las sociedades políticas-empresarias se llevan por delante cualquier normativa.

De acuerdo a la ley y su marco conceptual, los terratenientes no son dueños, y la propiedad privada, al igual que cualquier derecho, no es absoluto. En este sentido, el Código Civil deja en claro que por ser un derecho de incidencia individual su ejercicio está limitado por los derechos de incidencia colectiva y la protección del ambiente. En los hechos, esto no se aplica, pero no justifica la internalización de estas prácticas abusivas de poder.

“La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”, señala el artículo 14. En tanto que el artículo 240, destaca: “El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”.

En una serie de datos recabados por Diario Somos, junto a los datos de un informe aportado por el especialista Federico Soria, analizamos la lista de propietarios privados que más tierra acaparan en el sur de Mendoza, incluyendo tanto a extranjeros como argentinos. Federico Soria fue entre 1989 y 2000 guardaparque en las reservas La Payunia, Llancanelo y Caverna de las Brujas, además fue guía de turismo aventura en la cordillera de Malargüe. Junto con las declaraciones y los aportes de Soria, también sumamos los de Gabriel Jofré, representante y mensajero de más de 25 comunidades indígenas del Sur provincial.

Detallados en cantidad aproximada de territorio y las propiedades que componen sus latifundios. El listado incluye más que nada al departamento de Malargüe, una zona que tiene características similares al resto de la Patagonia donde se concentra también una gran cantidad de terratenientes.

El Palauco S.A. (Argentina)

Tiene 162.000 hectáreas, en Bardas Blancas, Sierras de Palau-co y Laguna Llancanelo en el sur de Mendoza. La empresa es propiedad de Sergio Rostagno, Luis Demarchi y Carlos Santalesa. En esta propiedad está parte de la reserva natural la Caverna de las Brujas y los Castillos de Pincheira.

Caverna de las Brujas y los Castillos de Pincheira son áreas protegidas provinciales formalmente constituídas por ley, pero hasta el momento sin haberse constituido como inmuebles del Gobierno de Mendoza. En el caso de la segunda, el Gobierno provincial ni siquiera ha tomado posesión del mismo.

Respecto a las reservas naturales, Rostagno tiene un litigio con comunidades indígenas de la zona y en declaraciones para argumentar su propiedad, argumentó que era una reserva natural “privada”.

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Gabriel Jofré dió más detalles respecto de estas tierras. “Castillos de Pincheira es un área protegida, pero es el día de hoy que la zona no tiene ni guardaparques, ni plan de manejo, ni nada. Es la única reserva  que no tiene ningún tipo de manejo o control por parte del Estado”, destacó y comentó: “En función de esto, como parte de nuestra comunidad está allí, nosotros propusimos al Gobierno hacer un plan de manejo y nos enteramos que en eso se vio comprometido parte del campo de la empresa Palauco con la cual está vinculado Rostagno. Él se presentó en ese momento diciendo que las 162 mil hectáreas las heredó de sus abuelos y que es un área natural protegida privada. Esto que estoy diciendo está en el expediente de la Dirección de Recursos Naturales”.

En el caso de Palauco, Jofré señala que la firma dispone de unos 20 lotes y cuestiona que “cada uno de ellos se originó en un cateo de mina y después reclaman el territorio alrededor del cateo de mina”.

“El título supletorio que presenta Palauco es del 2006 y desde el año 1985, 1986 que presiona a la gente. O sea llevaba como 20 años presionando hasta que lograron meter el título cuando ya tenían todas las firmas y un montón de cosas. Pero en el camino fueron presionando, nunca tuvieron el título. De hecho ese es un título supletorio obtenido de forma fraudulenta porque tenían a la gente presionada para que firmara digamos”, señaló Jofré.

Ailinco S.A. (Argentina)

Tiene 65.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén. Campos Puerta del Barrancas, Arroyo Curimillo y Laguna Negra. Empresa propiedad de René Chaumont y Sirio Sat. Los empresarios se dedican a negocios ganaderos, mineros, turísticos y de talaje.

La Laguna Negra está ubicada en la zona donde nace el Río Barrancas, en el límite entre Mendoza, Neuquén y Chile. Según explica Federico Soria, “para los mendocinos constituye el confín más remoto del territorio provincial, ya que llegar hasta ella desde la capital provincial por el único acceso público demanda un interminable y extenuante periplo de más de 800 km por rutas, huellas y senderos sólo aptos para los pocos avesados que cuenten con buen equipamiento vehicular o con ganas de cabalgar o caminar mucho”.

“La recóndita Laguna Negra es la reserva de agua dulce en estado líquido más grande de Mendoza, después de la Laguna del Diamante”, destacó Soria.

El  campo está registrado a nombre de René Chaumont, oriundo de la ciudad de San Rafael, aunque está ofrecido a la venta por la sociedad anónima denominada “Ailinco”, que según el Boletín Oficial de Mendoza, es una empresa “multipropósito” creada en 2004 con escaso capital.

La Laguna Negra tiene aproximadamente 1.500 hectáreas de superficie. El límite interprovincial pasa por el medio de la laguna a lo largo, siendo la mitad este territorio de Mendoza y la mitad oeste de Neuquen. “Sin dudas se trata de un paraíso natural que, como ya se dijo, debería ser protegido y puesto en valor por los gobiernos de las provincias colindantes”, explicó Soria y agregó: “La zona que tiene René Chaumont también eran tierras fiscales. Algo que no está bien claro es que en un momento Chaumont estaba ocupando la zona de la Caverna de Las Brujas, si bien no lo tengo documentado, varias personas a las que entrevisté en Malargüe me dijeron que le ofrecieron todo el campo de Laguna Negra para que de esa forma dejara la zona protegida de Caverna de Las Brujas donde tenía parte de terreno”.

Tiempo atrás se encontró en distintos sitios de internet algunos anuncios de venta de un campo en esta zona denominado “Puertas del Barrancas” de 55.000 hectáreas de superficie. Se trata de una venta que aparecía ofrecida en sitios del extranjero, en medio del debate planteado con el tema de la extranjerización de la tierra en la República Argentina. Se trata de una enorme propiedad ubicada en su totalidad en zona de frontera y por ende también de seguridad nacional, a pesar de la legislación nacional que regula este tipo de territorios.

Respecto a la propiedad, Soria explica que el territorio comprendido en la cordillera del sur de Mendoza, como todo el sur argentino, fue incorporado al país luego de la denominada “Conquista del Desierto” en 1879, desde entonces esos campos pasaron a denominarse “Potreros de Cordillera” y estuvieron bajo la titularidad del Estado. Algunos de ellos fueron transferidos a los pobladores más antiguos, pero no fue así con todos, ya que en varias oportunidades los pobladores fueron desalojados de manera sorpresiva u obligados a abonar un arancel de arrendamiento, ya que como en este caso, terminaron en manos de grandes terratenientes.

Walbrook (Inglaterra)

Tiene 600.000 hectáreas administradas por la empresa “Nieves de Mendoza”. Propiedades en el sur de Mendoza: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado. En estas propiedades están la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el Centro de Ski las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos.

Esta sociedad es dueña de varios campos en el extenso Departamento de Malargüe que totalizan alrededor de 600.000 hectáreas de superficie, se trata del propietario más grande de la provincia y uno de los más grandes de Argentina

Según Soria, justamente René Chaumont, dueño de la zona de  Laguna Negra, figuraba también  como “representante legal” de la sociedad inglesa “Walbrook” también conocida como “Los Malayos” por contar entre sus accionistas a figuras de la política de ese país. En realidad se trata de una empresa inglesa, su sede está en Londres y de allí proviene su capital.Las propiedades de esta corporación fueron compradas al Grupo Bunge & Born (gigante terrateniente de la zona de la la pampa húmeda) que se apropió de estas tierras.

“La adquisición de estas tierras por parte de los ingleses disfrazados de malayos en el año 2001, despertó bastante polémica, sin embargo los pormenores de esa transacción (donde tuvo una destacada participación René Chaumont) nunca fueron aclarados, a pesar del revuelo político con denuncias y acusaciones cruzadas que incluso devino en una investigación iniciada por la Fiscalía de Estado de la cual nunca trascendieron los resultados”, explicó Federico Soria.

Esta empresa aún no entra en litigio con la comunidades mapuches porque es una de las que todavía no ha tomado medidas de desalojo, pero se adquirieron con la misma modalidad que describe Gabriel Jofré: desalojos, firma de papeles por parte de puesteros y presiones empresariales.  Pobladores ancestrales fueron forzados a firmar contratos usurarios para poder quedarse o en su defecto desalojados por los nuevos dueños.

Como dato adicional, conviene recordar que dentro de esta propiedad se produjo la matanza de 34 cóndores, que trascendió en medios nacionales e internacionales. De acuerdo a la legislación ambiental argentina, los responsables del daño provocado que deberían responder son los puesteros que arrendaban el campo y los propietarios que no velaron por la integridad de los bienes naturales bajo su tutela.

“Al día de hoy se desconoce si el Gobierno de Mendoza le cobró a Walbrook la multa de $ 8 millones que le correspondería abonar por el daño ambiental provocado”, señala Soria.

Un caso insólito de parte de estas tierras es el de la concesionaria Perú Automotores, que disponían de unas 300.000 hectáreas en Pata Mora y fueron vendidas al grupo Walbrook. Perú automotores era una agencia concesionaria de autos oriunda de Buenos Aires, el apoderado que figuraba es Eduardo A. Masino.

Grupo Eidico (Argentina)

Tiene 24.000 hectáreas. La empresa dispone de tierras en la zona de Corral de Piedra de Malargüe. Así como también disponen de emprendimientos inmobiliarios en Villa La Angostura y San Martín de los Andes (Neuquén), Lago Cholila (Chubut), costas del Canal de Beagle (Tierra del Fuego. La firma es propiedad de Jorge O’Reily y Pablo Lanusse. También tiene desarrollos inmobiliarios en otros puntos del país.

Minera Vale (Brasil)

La firma tiene 160.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde se localizan las concesiones del proyecto megaminero Potasio Río Colorado. Esta corporación, que es la más grande de su país, abandonó el proyecto extractivo cuando estaba finalizando su construcción. Al menos la mitad de estas tierras fueron compradas por la firma para relocalizar a la población originaria en la zona del proyecto, a la cual se les entregó el territorio en comodato.

Cuyo Pampeana S.A.

Las tierras pertenecen al terrateniente Ricardo Esteban Rossi, presidente del directorio de la sociedad anónima, tiene miles de hectáreas en la zona de El Nevado. En esta zona de El Nevado las empresas mineras y petroleras como Yamana Gold o Pluspetrol están llevando adelante exploraciones.

Desde los años 90’ la comunidad indígena denuncia que viene sufriendo situaciones de violencia con Rossi. Según señalaron desde las comunidades originarias, “desalojó a la gente, corrió animales y paga custodia privada para asustar a la gente”.

Sominar S.A.

Es una propiedad de aproximadamente 330.000 hectáreas, en su gran mayoría pertenecientes al departamento de San Rafael y también a San Carlos. En 1942 Sominar la adquirió con el propósito de trabajar la mina de azufre Volcán Overo, una explotación a cielo abierto ubicada a 4.400 msnm en plena Cordillera de los Andes.

“En San Rafael, en la zona de El Sosneado, toda esa zona alta son más de 300 mil hectáreas en manos de una sola empresa que se llama Sominar S.A. Esa empresa era una firma minera  que tenía una mina de carbón algo por el estilo y de repente apareció con 300 mil hectáreas o sea, traicionando a la gente de la zona para que firmaran y pagaran contratos”, señaló  Gabriel Jofré al respecto.

 

Dos millones de hectáreas de tierras fiscales a manos privadas

En diálogo con Diario Somos, Federico Soria brindó más detalles de la propiedad de estas tierras . “Hay una etapa en la historia de Malargüe donde todos esos grandes campos eran tierras fiscales , sobre todo los de Palauco y muchos de los campos que están en manos del grupo Walbrook, más que nada los campos de la Cordillera. Todo eso eran tierras fiscales hasta más o menos entre mediados de los años 80 y principios de los 90, eran dos millones de hectáreas aproximadamente. En un momento que aún hay que investigar a fondo, en todas esas tierras empiezan a aparecer propietarios privados. Algunos grandes, otros no tanto”, expresó.

En este sentido, lo que queda de manifiesto sobre la propiedad de estas tierras, es que desde la mitad de la década del 80 hasta la fecha, hubo un reparto indiscriminado de tierras fiscales a privados.  “Aquí hay una cuestión inmobiliaria exclusivamente, que es la tenencia de la tierra, de acapararse de grandes cantidades de terreno”, destacó.

“El Estado no las tendría que haber perdido nunca a estas tierras, lo que pasa es que bueno hay una cuestión que es que la Constitución en Argentina tiene normativas muy claras respecto a la propiedad privada y si el Estado quisiera recuperar esas tierras tendría que hacer una erogación muy grande de dinero o de alguna forma empezar para atrás a investigar a dónde se cometió algún ilícito, algo que no van a hacer. Nunca en Mendoza lo han hecho”, explicó Soria.

“Por el otro lado en que sí se puede accionar ahora es la legislación de los pueblos originarios, la cual obliga a reconocerlos. Por ese lado sí se puede accionar y el Estado tendrá que encargarse de expropiarle la tierra a los terratenientes y escriturarla como tierra comunitaria”, agregó.

Soria comparte que detrás de todos estos grupos empresarios siempre hay alguna mano de funcionarios políticos de turno. “O para hacer la vista gorda o para facilitar alguna transacción de algún emprendimiento. Siempre está detrás el sector político por acción o por omisión”, completó.

Los despojos de los empresarios a los pobladores 

Hoy en día, representantes de las comunidades indígenas de esas zonas llevan adelante juicios en los que han logrado obtener algunos avances positivos. “Estamos iniciando procedimientos judiciales de reclamos concretos de la tierra que hasta acá no se hacían como comunidad propietaria indígena, que es el grado de reconocimiento de la Constitución. Es un procedimiento administrativo que debemos iniciar por vía de la Justicia y del Ejecutivo”, explicó Jofré

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Gabriel Jofré

“Hay muchos terratenientes en esta zona. Hay terratenientes que son empresarios y otros que son holdings. Hemos empezado a revisar todos esos procedimientos y empieza a entrarnos la duda en un montón de momentos, sobre todo en los registros de Catastro”, comentó Jofré.

“Nosotros siempre entendemos que la mayoría de estos terratenientes tienen vínculos con los políticos. La propiedad de las tierras están íntimamente ligadas a procesos particulares políticos”, afirmó Jofré. “Por ejemplo, hay una sociedad que se llama Campo Los Morros donde está su propietario Javier Mihanovich que está vinculado a la política, o en el caso de la empresa Palauco en la que está vinculado el señor RostagnoEllos están vinculados concretamente al período en el cual se entregaron permisos para cobro de “paso de servidumbre” de las petroleras en los años 80 y otros a fines de los 90. Adquirieron fondos porque les reconocían ahí que tenían un grado de propiedad y entonces, en el caso de Mihanovich por ejemplo, recibió en un momento fondos para hacer un proyecto para instalar cabras que son salvajes de la zona de Europa para traerlas acá y ponerlas en esta zona, una cosa de locos”, contó.

“Hace cinco o seis años atrás, lo que hacían algunas empresas era hacerles firmar a la gente de acá, a los pobladores locales. Les llevaban agua, pasto y les hacían firmar cosas que ni sabían lo que firmaban. Hay mucha gente que no sabe leer ni escribir acá en el campo”, contó Jofré.

Hay casos increíbles señala. “En la zona de El Nevado había aparecido un terrateniente que es Rossi, con la empresa que se llama Cuyo Pampeana que dispone también de miles de hectáreas y que a uno de los pobladores locales le hizo firmar que consentía su propio desalojo y lo dejó afuera, le sacó todas las cosas a la fuerza”, contó.

“Estos terratenientes o apoderados que aparecen en nombre de esas empresas o en nombre de algunas sociedades tienen caras complejas y de fondo todo está vinculado mayormente al tema extractivo. Nosotros lo vinculamos concretamente todo esto al tema minero o al tema petrolero”, opinó Jofré.

El Senado aprobó el año pasado la prórroga por cuatro años de la ley que declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, que mantiene suspendida, desde 2006, la ejecución de sentencias judiciales y de recursos administrativos de desalojo que pesan contra varios grupos aborígenes.

La Constitución de la Nación Argentina reformada en 1994 reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.